Abogados confiados jueces TSA favorecerá al CDP ante demanda de periodistas

Por Colegio Dominicano de Periodistas
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Los abogados que defienden al Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y a su presidente, ante el sometimiento en el Tribunal Superior Administrativo, confían que los jueces darán ganancia de causa al Colegio por su compromiso de hacer cumplir la Ley 10-91, el juicio de fondo, se espera por la sentencia.

Rafael Polanco, Domitila García y Luis Moreno Cárdenas demandaron al CDP porque querían que fuera admitido como candidato a Rafael Polanco, quien renunció del colegio en el año 1989, luego de no estar conforme con una decisión judicial, que no lo favoreció en sus aspiraciones presidenciales de la organización al competir con Rafael Méndez y formó junto a un equipo de periodistas la Asociación de Periodistas Profesionales (APP), desde entonces, no se ha colegiado, bajo el amparo de la nueva Ley 10-91.

Sin embargo, está demandando al CDP por violaciones de derechos fundamentales, al no poder participar como candidatos a la presidencia en el proceso electoral celebrado el 27 de agosto de 2021.

Polanco, había sido postulado por los movimientos Raffy Duran y Juan Andújar, pero no presentaron credenciales de membresía ante la comisión Nacional Electoral, dirigida por el maestro Luis Pérez, quien, al no presentar documentos como carnet, recibo de pagos, ni credenciales de miembro, le fue rechazada la inscripción, por no era miembro del CDP.

El sometimiento judicial empezó 10 días antes del celebrarse elecciones, incluso, el mismo día de la Elección, (27de agosto), fue celebrado un juicio de Amparo Urgente, que le fue rechazado por el Tribunal del Tribunal Contencioso Administrativo.

Los abogados del CDP encabezado por el consultor jurídico, José Echavarría Rivera, Melvin García, Luis Ruffín y Alejandro Alberto Paulino Vallejo, luego de acudir en 4 oportunidades ante el TSA, se discutió y pidieron:

  1. Que sea anulada la Acción de Amparo incoada por las razones antes expuestas en el preámbulo de la presente instancia.
  2. Que sea declarado INAMISIBLE por falta de calidad del accionante en amparo, falta de objeto del presente proceso judicial y por la existencia de otra vía judicial más efectiva, por las razones antes expuestas en el preámbulo de la presente instancia.
  3. Que sea RECHAZADA la supraindicada instancia recursiva por improcedente, mal fundado y carente de base legal que lo sustente.
  4. Que sea RECHAZADA la Acción de Amparo por insuficiencia probatoria.

Contrario a la defensa de Polanco, sus abogados variaron sus conclusiones y decidieron pedir al tribunal que Rafael Polanco sea incluido en el Padrón de miembro, que de acuerdo a los abogados viola la Ley 10-91, porque nunca Polanco se inscribió, por lo que hace un tanto difícil que el TSA declare ganador de esta instancia.

RELACIÓN DE LOS HECHOS CONFORME AL DERECHO:

1) SOBRE LA NULIDAD DE LA ACCIÓN DE AMPARO DEL AMPARISTA:

POR CUANTO: A que la acción de amparo objeto del presente procedimiento constitucional fue incoada solo con la firma del abogado supuestamente apoderado, más no con las firmas del amparista.

POR CUANTO: A que el abogado que suscribe dicha acción de amparo no ha probado que fue apoderado formalmente por el amparista, ya sea mediante un contrato poder cuota litis o algún otro acto contractual de constitución de abogado.

POR CUANTO: A que el artículo 76, acápite 2 de la Ley No. 137-11, establece lo siguiente:

​ “Artículo 76.- Procedimiento. La acción de amparo se intentará mediante escrito dirigido por el reclamante al juez apoderado y depositado en la Secretaría del Tribunal, acompañado de los documentos y piezas que le sirven de soporte, así como de la indicación de las demás pruebas que pretende hacer valer, con mención de su finalidad probatoria, el cual deberá contener:

2) El nombre, profesión, domicilio real y menciones relativas al documento legal de identificación del reclamante y del abogado constituido, si lo hubiere.”

(El subrayado y resaltado son nuestros)

​POR CUANTO: A que el abogado del amparista, no es el representante legal de la misma y por vía de consecuencia, no está autorizado a actuar a nombre de ellos, lo cual hace que la acción de amparo sea ANULADA por falta de capacidad del abogado apoderado para asumir la representación de los recurrentes.

​POR CUANTO: A que el poder para representar a una persona jurídica o física solo se puede dar mediante mandato escrito según el artículo 1985 del Código Civil Dominicano, lo cual en la especie no ha ocurrido, razón por la cual el escrito de defensa del recurrido debe ser declarado NULO, dicha disposición legal establece lo siguiente:

“El mandato puede conferirse por acto auténtico o bajo firma privada, aun por carta.”

(El subrayado y resaltado son nuestros)

​POR CUANTO: A que la falta de mandato o poder especial que debió poseer el abogado apoderado, hace que la misma no posea capacidad para actuar a nombre de dicha entidad estatal.

POR CUANTO: A que el diccionario Vocabulario Jurídico Capitánt define la capacidad de la siguiente manera:

“Aptitud para gozar de un derecho o para ejercerlo.”

(El subrayado y resaltado son nuestros)

POR CUANTO: Sobre la falta de capacidad de goce y ejercicio, el Dr. Matías Modesto del Rosario Romero, quien a su vez es Magistrado Juez de la Segunda Sala Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en el portal de Internet http://www.listin.com.do/puntos-de-vista/2011/12/30/216508/print, procede a plantear lo siguiente:

“Para poder actuar en justicia se requiere tener capacidad legal para ello, entiéndase la aptitud jurídica requerida.”

(El subrayado y resaltado son nuestros)

POR CUANTO: La irregularidad precedentemente enunciada al ser de fondo y de orden público, quien la invoca no tiene que probar la existencia de agravio alguno, conforme establecen prolíferas doctrinas y jurisprudencias, nacionales y comparadas, sobre las nulidades, por su parte, la Ley No. 834, del 15 de julio de 1978, en su artículo 41 sobre las nulidades de fondo, señala que:

“Las excepciones de nulidad fundadas en el incumplimiento de las reglas de fondo relativas a los actos de procedimiento deben ser acogidas sin que el que las invoque tenga que justificar un agravio y aunque la nulidad no resultare de ninguna disposición expresa (…)”   (El subrayado y resaltado son nuestros)

POR CUANTO: A que la precitada ley adjetiva en su artículo 39, establece que todo acto cuyo titular carezca de capacidad para actuar en justicia, como es el caso del abogado de los recurrentes que no está dotado de autorización alguna por parte de los mismos para accionar en amparo, podrá ser declarado nulo por irregularidad de fondo, dicha disposición legal adjetiva articula lo siguiente:

“Art. 39. — Constituyen irregularidad de fondo que afectan la validez del acto:

La falta de capacidad para actuar en justicia.

La falta de poder de una parte o de una persona que figura en el proceso como representante, ya sea de una persona moral, ya sea de una persona afectada por una incapacidad de ejercicio.

La falta de capacidad de poder de una persona que asegura la representación de una parte en justicia.”

(El subrayado y resaltado son nuestros)

POR CUANTO: A que, en este tenor, la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, mediante la sentencia localizada en el boletín judicial NO. 1218, mayo 2012, procedió a considerar en su sentencia lo siguiente:

“Considerando, que como se evidencia, la recurrente y demandante original, demandó en cobro de pesos, en su propia persona al menor de edad, Francisco Alberto Felipe Rodríguez, en calidad de heredero del finado Félix Francisco Felipe, deudor de la indicada recurrente, y no como lo establece la ley a través de su representante y tutora legal, que en la especie, lo es su madre la ahora recurrida, lo que impidió que compareciera, a ejercer sus medios de defensa; que los menores de edad carecen de capacidad, como se ha dicho, para actuar en justicia, y, la falta de capacidad constituye una irregularidad de fondo que afecta la validez del acto, la cual es sancionada por la ley con la nulidad del mismo, y consecuentemente quede dicho acto desprovisto de sus efectos y sea considerado como no realizado.”

(El subrayado y resaltado son nuestros)

 

​POR CUANTO: A que la Sentencia No. 33-2011 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de el Salvador, ha establecido sobre la representación de un amparista, lo siguiente:

“En consecuencia, la falta de titularidad efectiva del derecho fundamental protegible que se alega vulnerado impide entrar a conocer el fondo del asunto, esto es, a examinar si la declaración subjetiva hecha por la parte demandante es cierta o no en cuanto a la infracción constitucional alegada, obligando así a rechazar ab initio la demanda formulada mediante la figura de la improcedencia.

  1. Declárese improcedente la demanda de amparo firmada por el citado profesional, en la calidad antes indicada, en virtud de las razones expuestas en el considerando III de este proveído, es decir, por la falta de titularidad del derecho a la estabilidad laboral regulado en el artículo 219 inciso 2° de la Constitución.”

(El subrayado y resaltado son nuestros)

POR CUANTO: A que la Corte Constitucional Colombiana, mediante la Sentencia No. 328-02, ha establecido sobre el poder de representación otorgado a los abogados, lo siguiente:

“El jus postulandi debe estar plenamente probado por parte de quien dice actuar como abogado. En anteriores ocasiones, se determinó que para esto se necesita allegar un poder al proceso donde se consagre la existencia de un mandato a cargo de quien dice ser abogado, pero no basta con eso, sino que se hace necesaria la diligencia de presentación personal donde se acredite la condición de abogado. ​​​​​​​ (El subrayado y resaltado son nuestros)

​POR CUANTO: A que por todo lo antes expuesto en el presente capitulo, somos de la interpretación legal que la acción de amparo objeto del presente procedimiento constitucional debe ser ANULADO por la falta de capacidad o poder de representación del abogado actuante para actuar a nombre del amparista.

2) SOBRE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE AMPARO:

​POR CUANTO: A que la parte accionante en amparo no ha demostrado la calidad para accionar en amparo toda vez que el mismo no nunca ha estado colegiado en el Colegio Dominicano de Periodistas.

​POR CUANTO: A que el mismo no ha demostrado ser profesional de la Comunicación Social mención Periodismo, ni ha gestionado por ante el Colegio Dominicano de Periodista su colegiatura, ni su credencial definitiva.

​POR CUANTO: A que, para accionar en amparo, al igual que accionar en justicia en cualesquiera otras materias legales y/o judiciales, toda persona física y jurídica deberá estar investido de calidad para accionar en justicia, lo cual en la especie no ha ocurrido.

​POR CUANTO: A que la parte accionante no ha demostrado la conculcación de sus supuestos derechos fundamentales, toda vez que los supuestos elementos probatorios literales no indican de manera contundente y fáctica, cuales derechos fundamentales se han transgredido contra el accionante en amparo.

​POR CUANTO: A que, en este tenor, el artículo 67 de la Ley No. 137-11, estatuye lo siguiente:

“Artículo 67.- Calidades para la Interposición del Recurso. Toda persona física o moral, sin distinción de ninguna especie, tiene derecho a reclamar la protección de sus derechos fundamentales mediante el ejercicio de la acción de amparo.”

(El subrayado y resaltado son nuestros)

 

​POR CUANTO: A que, en este tenor, el artículo 44 de la Ley No. 834-78 estatuye lo siguiente:

 

“Art. 44. — Constituye una inadmisibilidad todo medio que tienda a hacer declarar al adversario inadmisible en su demanda, sin examen al fondo, por falta de derecho para actuar, tal como la falta de calidad, la falta de interés, la prescripción, el plazo prefijado, la cosa juzgada.”

(El subrayado y resaltado son nuestros)

 

​POR CUANTO: A que, en este tenor, el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia No. TC/0226/13, ha establecido lo siguiente:

“11.10. Sobre la alegada violación al principio de igualdad de todos ante la ley, previsto por el artículo 39 de la Constitución, por cuanto a los miembros del Colegio Dominicano de Notarios se le impide el libre acceso al sufragio en condiciones de igualdad, conviene recordar que se aplica por igual, como condicionante para poder ejercer el sufragio, ser miembro activo del referido colegio.”

(El subrayado y resaltado son nuestros)

 

​POR CUANTO: Como el mismo no ha demostrado estar inscrito en el padrón del Colegio Dominicano de Periodista, el mismo no puede por la vía judicial en reclamación de amparo exigir judicialmente volver supuestamente a estar inscrito, porque dicha colegiatura nunca ha existido, razón por la cual su acción judicial no está dotada de objeto alguno que la sustente.

​POR CUANTO: A que el proceso electoral interno del Colegio Dominicano de Periodistas culminó en el presente mes de octubre con la renovación de los cuadros directivos de dicho gremio colegiado, de lo cual se infiere que, si ya fueron elegidos las autoridades internas de dicho gremio colegiado, el accionante en amparo ya no podrá elegir, ni ser elegido para ningún cargo gremial, lo cual significa ipso facto que su acción judicial carece de objeto.

 

POR CUANTO: A que, si bien es cierto que la falta de objeto como medio de inadmisión no está expresamente establecida en la Ley No. 834, no obstante, no es menos cierto que la jurisprudencia la ha reconocido como un medio de inadmisión.

 

​POR CUANTO: A que, en este caso, la Corte de Trabajo del Departamento Judicial la Provincia Santo Domingo, mediante la Sentencia de fecha 16-3-2011 y refrendada por la Tercera Sala de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia mediante la sentencia casacional publicada en el portal http://www.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/sentencias_destacadas/Sent_SCJ_26-03-2013.pdf, ha establecido lo siguiente:

 

“Segundo: Declara inadmisible por carecer de objeto la demanda en perención de instancia interpuesta por señor Merquiere Medina Matos, atendido a los motivos expuestos.”

(El subrayado y resaltado son nuestros)

 

​POR CUANTO: A que, en este tenor, el Tribunal Constitucional mediante jurisprudencia constitucional vinculante en virtud del artículo 184 de la Constitución de la Republica, mediante la Sentencia TC/0072/13, ha establecido lo siguiente:

 

“La falta de objeto tiene como característica esencial que el recurso no surtiría ningún efecto, por haber desaparecido la causa    que da origen al mismo, es decir, carecería de sentido que el Tribunal lo conozca, pues la norma impugnada ya no existe.”

(El subrayado y resaltado son nuestros)

 

​POR CUANTO: A que, de manera más precisa, el Tribunal Constitucional en un caso muy parecido al que nos ocupa, sobre un proceso electoral interno en el Colegio de Notarios, mediante la Sentencia No. TC/0507/15, ha establecido sobre la falta de objeto, lo siguiente:

 

“f)No obstante, en el transcurso de tiempo en el que se produjeron la acción de  amparo  en  cuestión, la emisión del fallo que declaraba la inadmisibilidad de la misma, la presentación del recurso de revisión que  nos ocupa y su conocimiento y fallo, las autoridades gremiales que  fueron escogidas por el proceso que inició con la Asamblea General  Eleccionaria celebrada el 27 de octubre, cesaron ya en sus funciones, toda vez que el día 24 de enero de 2015 fue juramentada la nueva directiva de dicha institución (para el período 2015-2017), situación que hace imposible la satisfacción de las pretensiones de los recurrentes,  aún  en  el  caso  de  que, al analizarse el fondo de la cuestión, se determinasen las violaciones alegadas. Lo anterior obliga a que este tribunal declare inadmisible el presente recurso por carecer de    objeto el pronunciamiento sobre este asunto, pues estos nuevos procesos concluyen ratione temporis los efectos de los actos administrativos impugnados.”

(El subrayado y resaltado son nuestros)

 

​POR CUANTO: A que, en lo referente al carácter excepcional de la acción de amparo, conocido en nuestro sistema constitucional con el medio de inadmisión de la existencia de otra vía judicial más efectiva, somos de la hermenéutica legal que la acción de amparo que nos ocupa deviene en inadmisibilidad toda vez que la vía judicial más efectiva lo es el recurso contencioso administrativo, máxime si es la vía judicial instituida por la ley para las pretensiones procesales de la parte amparista.

 

​POR CUANTO: A que en este tenor el artículo 1, parte in fine de la Ley No. 13-07, establece lo siguiente:

“Párrafo: Extensión de Competencias.- El Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo tendrá competencia además para conocer: (a) de la responsabilidad patrimonial del Estado, de sus organismos autónomos, del Distrito Nacional, de los municipios que conforman la provincia de Santo Domingo, así como de sus funcionarios, por su inobservancia o incumplimiento de las decisiones emanadas de autoridad judicial competente, que diriman controversias relativas a actos inherentes a sus funciones ; (b) los actos y disposiciones de las corporaciones profesionales adoptados en el ejercicio de potestades públicas; (c) los procedimientos relativos a la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social; y (d) los casos de vía de hecho administrativa, excepto en materia de libertad individual.”

(El subrayado y resaltado son nuestros)

​POR CUANTO: A que la acción de amparo como vía judicial tutelar de derechos fundamentales, no constituye la acción en justicia afín al derecho supuestamente transgredido, máxime si el derecho invocado puede ser un derecho legal, gremial, más no fundamental, lo cual al ser la acción de amparo la acción judicial incoada, la misma deviene en inadmisible por la existencia de otra vía judicial más efectiva.

​POR CUANTO: A que, en este tenor, el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia No. TC/0507/15, ha establecido lo siguiente:

“a) Como se ha establecido en otra parte de esta sentencia, el recurso en cuestión procura la revocación de dos fallos judiciales; a saber, las sentencias números 038-2012-01214  y  109-2013,  dictadas  por la  Quinta  Sala  de  la Cámara  Civil  y  Comercial  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  del  Distrito Nacional el 18 de diciembre de 2012, y la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el 15  de  abril  de  2013,  respectivamente.  La primera de las decisiones consistió en una declinatoria por incompetencia, mediante la cual la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dispuso que era el Tribunal Superior Administrativo el órgano judicial competente para conocer de la acción de amparo en cuestión. En cuanto a la segunda decisión impugnada, esta determinó que la referida acción de amparo devenía inadmisible, por existir otra vía más efectiva.  En razón de lo anterior, corresponde a este tribunal observar los méritos de cada una, de forma separada.”

(El subrayado y resaltado son nuestros)


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