Las instituciones, que hicieron entrega personal de su postura, indicaron que esos artículos objetados “amenazan libertad de expresión”
Santo Domingo, D.N. – El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), el Consejo Nacional de los Derechos Humanos (CONADEHU), el Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Movimiento Marcelino Vega (MMV), y el Colegio Dominicano de Locutores, CDL, depositaron este martes una instancia formal ante el Senado, la Cámara de Diputados y la Comisión Bicameral que estudia la Ley 74-25, solicitando la reforma de 15 artículos del nuevo Código Penal.
El documento fue entregado a los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos Polanco; de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; y a la presidenta de la Comisión Bicameral, Wandy Batista.
El documento fue firmado por Luis Pérez, CDP; Nelson Gutiérrez, CONADEHU; Gabriel Cruz Guzmán, IPPP; Manuel Ureña Ángeles, SNTP; Colegio Dominicano de Locutores, CDL, y Olivo De León, MMV.
El vocero de las instituciones, Lic. Luis Pérez, presidente del CDP, explicó que la Ley 74-25, promulgada el 3 de agosto de 2025 y que entrará en vigencia el 6 de agosto de 2026, contiene disposiciones “ambiguas y desproporcionadas que criminalizan el ejercicio periodístico, la opinión y la denuncia ciudadana”.
“No existe democracia sin prensa libre. No existe control ciudadano sin periodismo de investigación. No existe transparencia pública cuando el ordenamiento jurídico produce temor, autocensura o intimidación”, afirmó Pérez al leer el documento.
Los artículos objetados, según las organizaciones, son
29, 39, 121, 123, 192, 193, 208, 209, 210, 211, 212, 310, 368, 370 y 379 de los cuales se dice en el documento que vulneran directamente derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en tratados internacionales de los que el país es signatario.
Entre los más preocupantes señalaron:
Arts. 39 y 370: responsabilizan penalmente a los medios por delitos de directivos o por publicaciones de terceros, y restablecen la “responsabilidad en cascada”.
Art. 192 y 193: Podrían usarse para perseguir a periodistas y sus fuentes al criminalizar la difusión de imágenes y la revelación de secretos, sin contemplar el interés público.
Art. 208, 210: mantienen la difamación y la injuria como delitos con cárcel, en lugar de pasarlos a la vía civil.
Art. 379: Tipifica el “sabotaje” con penas de 20 a 30 años por aportar datos que afecten sistemas de información, lo que según los gremios “convierte a periodistas y ciudadanos en informantes del Estado”.
Propuesta:
Las instituciones solicitaron al Congreso abrir vistas públicas antes de la entrada en vigencia de la ley y modificar o derogar los artículos citados para adecuarlos a la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Propusieron despenalizar difamación e injuria, agregar eximentes para casos de interés público y corrupción, aplicar el estándar de “real malicia” para funcionarios y eliminar los tipos penales que generan autocensura.
“La libertad de expresión no es un privilegio de los periodistas. Es un derecho de toda la sociedad a recibir información veraz, plural e independiente”, concluyó el vocero.
